Los principios y garantías procesales son un mecanismo de protección de los derechos humanos para los sujetos intervinientes en el proceso penal, fundamentalmente el imputado. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 49 la garantía del debido proceso para todas las actuaciones judiciales y administrativas. Así mismo, el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 1 consagra como primera garantía, el juicio previo y el debido proceso.
El debido proceso conlleva a una serie de derechos y garantías, como es el derecho a la defensa, la asistencia jurídica, la presunción de inocencia, derecho a ser oída, derecho a ser juzgado por sus Jueces naturales, conociendo la identidad de quien lo ha de juzgar, con Jueces idóneos e independientes; de no confesarse culpable, ni contra su cónyuge, concubino o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. De igual forma, ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no estén previstos como delitos, faltas o infracciones (nulla poena sine lege); prohibición de juzgamiento, si ya previamente se hubiere sometido una persona a juicio por los mismos hechos; derecho a solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados.
De modo que en todo proceso se deben asegurar las garantías antes señaladas, así como otras tipificadas en Convenios internacionales y, demás leyes aplicables a cada caso, verbigracia la igualdad de las partes en el proceso y la no discriminación, derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, entre otras. Constituye todo ello las condiciones que deben cumplirse para asegurar la defensa de los sujetos cuyos derechos y obligaciones se encuentran en proceso judicial, de manera que el propio Estado se convierte en garante de sus instituciones, a la vez que brinda protección y confianza en la ciudadanía.
El debido proceso conlleva a una serie de derechos y garantías, como es el derecho a la defensa, la asistencia jurídica, la presunción de inocencia, derecho a ser oída, derecho a ser juzgado por sus Jueces naturales, conociendo la identidad de quien lo ha de juzgar, con Jueces idóneos e independientes; de no confesarse culpable, ni contra su cónyuge, concubino o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. De igual forma, ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no estén previstos como delitos, faltas o infracciones (nulla poena sine lege); prohibición de juzgamiento, si ya previamente se hubiere sometido una persona a juicio por los mismos hechos; derecho a solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados.
De modo que en todo proceso se deben asegurar las garantías antes señaladas, así como otras tipificadas en Convenios internacionales y, demás leyes aplicables a cada caso, verbigracia la igualdad de las partes en el proceso y la no discriminación, derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, entre otras. Constituye todo ello las condiciones que deben cumplirse para asegurar la defensa de los sujetos cuyos derechos y obligaciones se encuentran en proceso judicial, de manera que el propio Estado se convierte en garante de sus instituciones, a la vez que brinda protección y confianza en la ciudadanía.
Dubrawska Pellegrini Paredes
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